La Contraloría General de la República inició una auditoría en el DAEM Hualañé (Departamento de Administración de Educación Municipal). Así lo confirmó el concejal Claudio González, quien ha sido uno de los que ha estado constantemente fiscalizando el trabajo desarrollado por esta repartición municipal.
En dicho departamento existen sumas cercanas a los 100 millones de pesos que han sido gastados en dicho departamento, rechazados por la contraloría.
A eso se suma los cerca de 20 millones de pesos de un funcionario al que se le pagaba mediante recursos destinados a mejoramiento de la educación y se dedicaba, según se indicó, a hacer proselitismo político a favor del alcalde Claudio Pucher.
“Llevo años insistiendo en que este servicio responda por una serie de acciones que al parecer no se han ajustado a lo establecido, prueba de ello es que ahora es la propia Contraloría quienes han iniciado una auditoría en este departamento, auditoría que está enfocada entre otras materias, a revisar el correcto uso de los recursos estatales, incluidos en el FAEP (Fondo de Apoyo a la Educación Pública), que a su vez están insertos en el PADEM (Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal) el que es aprobado por el concejo municipal.
Lo que me llama la atención es sobre la legalidad que tendrían las modificaciones que se le ha realizado al FAEP, sin autorización del concejo, modificaciones que ha reconocido la Dirección de Educación Pública, en el FAEP 2018 y el 2019, donde la readecuación o modificación de montos del FAEP, debe ser informado y autorizado por el concejo municipal y esto no se ha hecho, incumpliendo claramente lo establecido en la ley, la que indica que, el único facultado para autorizar modificar al FAEP, es el concejo municipal. Donde claramente se ha cometido una omisión grave por parte de el o los solicitantes, más aún donde en un par de ocasiones consulté por el tema en concejo y no hubo respuesta”, enfatizó el concejal Claudio González.
“Además se auditarán los actos de recuperación de recursos de licencia médicas, se solicitarán conciliaciones bancarias, entre otros requerimientos.
En principio Contraloría ha tomado más de veinte puntos investigativos, disponiendo además con total facultad para ampliar las indagaciones a otros actos administrativos de este departamento”.
LA SITUACIÓN SE ARRASTRA POR AÑOS
“La comunidad debe estar informada y no deben olvidar que, en el DAEM, existen situaciones graves que en la actualidad están lejos de ser resueltas, por ejemplo: existen rendiciones de gastos de recursos de la ley SEP rechazados por la Superintendencia de Educación, los que han rechazado gastos por más de cien millones de pesos, de los años 2017 y 2018, quedando aún por revisar y resolver estos últimos años. Está el caso de don Walter Aguilera, donde la Contraloría ha dictaminado que el municipio debe reincorporar a sus funciones a este funcionario, junto con cancelarle los años en que Aguilera fue cesado de sus funciones, cuyo monto, superaría los sesenta millones de pesos.
Está también sin resolver el caso de Roberto López, donde a juicio de Contraloría, el municipio deberá reintegrar más de veinte millones de pesos, montos cancelados a este funcionario con recursos de la ley SEP, donde en un investigación y dictamen de Contraloría, se determinó que el funcionario aludido no cumplió con las funciones para las cuales fue contratado, comprobándose que efectivamente este desarrolló funciones de proselitismo político en favor del saliente alcalde. Así como también me encuentro investigando y a la espera de una respuesta oficial, es si efectivamente se han gastado y de forma correcta los recursos de Pro Retención, estos recursos son exclusivamente destinados al apoyo a alumnos vulnerables.”, finalizó diciendo Claudio González, concejal de la comuna de Hualañé.