• agosto 9, 2022 03:58

Enérgica respuesta a comerciantes ilegales que denuncian “quitadas fantasmas”.

Jul 26, 2022
Juan Barrera, abogado Municipalidad de Curicó.

Desde lo jurídico y policial el accionar de los inspectores municipales se ajusta a toda legalidad al momento de fiscalizar y decomisar especies o productos.

CURICO.-  Una enérgica respuesta a un grupo de comerciantes que en forma ilegal utilizan los espacios públicos del área céntrica de la ciudad y quienes en los últimos días realizaron una protesta acusando ser víctimas de “quitadas fantasmas”, dio a conocer el municipio local a través de su dirección jurídica.

 Basado en los hechos y tras las declaraciones dadas a conocer en su momento, las que apuntan a que la municipalidad de Curicó, se niega a otorgarle una autorización para ejercer la venda de sus productos y donde también reclaman por el decomiso de especies de manera ilegal por parte de funcionarios municipales que cumplen la labor de inspectores, el director jurídico del municipio local, Juan Barrera, fue enfático en señalar que aquí los únicos ilegales, son quienes ocupan estos espacios públicos sin ningún tipo de permiso, calificando las aseveraciones de los comerciantes como de muy desafortunadas.

“Lamentablemente las declaraciones que han realizado los comerciantes ambulantes que están ejerciendo la actividad comercial de manera ilegal, son desafortunadas todas vez que sus afirmaciones carecen de toda veracidad, por una parte y por otra parte  no se ajustan en nada a la legalidad vigente. La verdad es que los inspectores municipales que realizan la labor de fiscalización, lo hacen por mandato legal y además por un mandado legal que nace de la ley municipal amparado en la Ley de Rentas Municipales, que es el decreto número 3.063 y su actuación se enmarca dentro del cumplimiento que establecen las ordenanzas municipales actualmente vigente y en particular y en este caso concreto la Municipalidad de Curicó, el año 2018 dictó el decreto exento Nro.2242 que reglamente el uso de los espacios públicos y en tal sentido la ordenanza establece explícitamente que la sanción para el ejercicio ilegal del comercio ambulante consiste en la aplicación de una multa que va de 1 a 5 UTM y que es aplicada por el Juzgado de Policía Local y además el comiso de las mercaderías que tienen los comerciantes que ejercen ilegalmente esta actividad comercial, por lo tanto, los inspectores municipales al realizar el decomiso de las especies están dando cumplimiento única y exclusivamente al imperativo legal que la reglamentación vigente dispone para tal efecto”, señaló el director jurídico Juan Barrera.

CARABINEROS

Sobre el actuar de los inspectores municipales en las fiscalizaciones al comercio ilegal y el decomiso de especies o productos, se refirió el subcomisario de los servicios de la Primera Comisaría de Carabineros de Curicó, capitán Erick Foster, quien fue claro en señalar que cada uno de los procedimientos son ajustados a la ley y que en la gran mayoría de los casos los funcionarios municipales son acompañados por personal policial, como una forma de brindar apoyo y seguridad dado a que en muchas oportunidades los comerciantes ambulantes ilegales reaccionan en forma violenta, contra los inspectores y contra los propios carabineros.

“Nosotros como carabineros apoyamos a los inspectores municipales en la fiscalización del comercio ilegal en el centro de Curicó, ya que la mayoría de las veces se hacen procedimientos en conjunto y de forma sorpresiva con la finalidad de cursarle las infracciones a estas personas y es así, que la mayoría de las veces carabineros acompaña a los inspectores municipales y ellos están facultados tal cual carabineros para cursar las infracciones realizando el procedimiento de rigor, se quitan las especies y éstas se remiten al Juzgado de Policía Local correspondiente. Por lo tanto, la labor de los inspectores municipales está ajustada a la ley y nosotros le prestamos la colaboración en la cobertura porque mayoritariamente  en las acciones que se realizan, estos comerciantes ilegales se ponen violentos con personal policial y con el personal municipal, entonces nosotros le realizamos la cobertura en caso de que se el procedimiento pase a un delito fragante, como lo es la agresión a uno de ellos”, indicó el capitan Erick Foster.

CÁMARA DE COMERCIO

Por su parte, el presidente de la cámara de Comercio de Curicó, Víctor Dacaret, coincidió con la postura de la municipalidad a través de la dirección jurídica, señalando que la actitud de quienes ejercen la venta ilegal de productos en el sector céntrico de la ciudad ya no les causa asombro alguno, agregando que lo que hacen sólo es presentar un reclamo que bajo todas  luces no corresponde y que lo que en verdad deben hacer es simplemente legalizarse y buscar un espacio donde puedan trabajar sin mayores problemas, tal cual lo hizo en su momento la FELICUR.

“Prácticamente ya hemos perdido la capacidad de asombro, porque el hecho que los ilegales estén reclamando una cosa que no les corresponde, eso ya es lo último. Ellos tienen que buscar la manera de legalizarse, no se trata de llegar e instalarse con un trapito en un par de metros en la calle y considerarse que ya tienen comprado sus derechos. No, lo que tienen que hacer es ver la manera de legalizarse y como yo lo he estado planteando hace muchos años que no solamente los comerciantes ilegales, sino que también los establecidos con permiso deben buscar un sector donde se instalen, así como lo hicieron después de muchos años los comerciantes de la FELICUR que estaba en la calle O´higgins y quienes se trasladaron a otro lugar y ahora están felices porque están en un recinto donde tienen luz, agua, servicios higiénicos. Entonces eso es lo que corresponde a ellos y no reclamar por algo que no les corresponde”, enfatizó Víctor Dacaret.

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, cada una de las especies que son producto de decomisos por fiscalizaciones al comercio ilegal, son puestas en manos del Juzgado de Policía Local correspondiente y no quedan en poder la de la municipalidad, por lo que las personas afectadas una vez que logran regularizar su situación, tienen el legítimo derecho a recuperarlas.