Desde hace meses que la fiscalía junto a peritos de la PDI trabajaba en esta causa donde fue necesario reunir un importante números de antecedentes y peritajes, incluyendo informes de Aduana y Policía Internacional, para logra acreditar que los actuales concejales de Curicó y un ex concejal cometieron el delito de fraude al fisco al no devolver dineros que fueron entregados por el municipio como viáticos para la ejecución de viajes a Argentina a participar de una fiesta costumbrista en representación de la comuna.
Las diligencias encabezadas por el fiscal jefe de Curicó Miguel Gajardo dieron cuenta que todos ellos no reincorporaron a las arcas fiscales dineros que no utilizaron y que en algunos casos va desde los 85 mil pesos hasta sumas cercanas a los 900 mil pesos como ítem extra de movilización, lo que hace un monto final cercano a los dos millones de pesos. Sumado a lo anterior se debe considerar que en algunos casos el viaje ni siquiera se realizó, presentándose además como gastos facturas ideológicamente falsas.
Con estos antecedentes el ente persecutor formalizó de cargos a los concejales Mario Undurraga Castelblanco, Jaime Canales González, Luis Rojas Zúñiga, Enrique Soto Donaire, Leoncio Saavedra Concha, Nelson Trejo Jara, Luis Trejo Bravo, Julieta Maureira Lagos ya formalizada anteriormente por el delito de falsificación de instrumento privado y el ex concejal Miguel Limardo Ramírez.
“Se ha hecho una formalización de investigación en el Tribunal de Garantía de Curicó respecto de todos los integrantes del concejo municipal de esta ciudad y también de un ex concejal, por el delito de fraude al fisco que dice relación con facturas ideológicamente falsas y rendiciones indebidas que se efectuaron por estos concejales relacionado con viajes que han realizado ellos básicamente a la ciudad de Malargüe en los años 2012,1013 y 2104. Se ha hecho un detallado análisis de cada una de las situaciones en forma particular y se ha justificado el motivo de la formalización respecto de cada uno de ellos”, afirmó el fiscal Gajardo.
ARRAIGO NACIONAL
El Ministerio Público solicitó para todos los imputados la medida cautelar de firma mensual en la fiscalía local y arraigo nacional. El tribunal tras evaluar las pretensiones de los querellantes privados donde uno de ellos solicitaba la prohibición para ingresar al municipio, determinó no considerar esto último pero sí acogió lo planteado por la fiscalía fijando además un plazo de investigación de seis meses para el cierre de la causa, posible acusación o salidas alternativas en contra de cada uno de los 9 imputados.