La abogada que representó a la familia de Antonia Barra en el juicio contra Martín Pradenas, Silvana Del Valle, asumió la representación de la joven de iniciales A.Y. que sostiene haber sido víctima de violación y amenazas por parte del diputado (IND) Francisco Pulgar, cuando era menor de edad.
La Fiscalía de Talca, a cargo del caso desde mayo de 2021, aún no formaliza al parlamentario, si bien disponía de un plazo de ocho meses para investigar.
“Existe una impunidad en este tipo de causas, incluso a partir de la fecha en que se promulga la Ley de Imprescriptibilidad de los Delitos Sexuales contra niñas y niños en Chile, porque pese a esta norma, todavía para las víctimas que han sufrido abusos sexuales o violaciones cuando eran niñas, niños o adolescentes es muy difícil acceder al sistema de justicia de manera efectiva (…) y en muchas ocasiones, cuando se ven arrastradas por la impunidad, toman la triste decisión de suicidarse”, señaló.
En su denuncia ante la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, la joven -entonces de 21 años- indicó haber sido violada de forma reiterada por Pulgar desde los 14 años. El primer ultraje supuestamente ocurrió el 4 de enero de 2014, en las inmediaciones del hogar de la víctima en la cordillera de San Clemente, hasta donde el imputado llegó presentándose como un familiar de la madre de la menor.
“Considero que pese al tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos hasta el momento de la denuncia y esta fecha, existen varias diligencias que se han hecho de manera adecuada, al punto de que creo que hay antecedentes suficientes para llegar a una decisión por parte del Ministerio Público que tendría que ser la formalización del imputado”, acotó.
Pulgar, quien enfrentaba el balotaje por la gobernación del Maule cuando surgió la acusación, ha sostenido que la denuncia formó parte de una operación política en su contra. Sin embargo, seis meses después, el derrotado aspirante al máximo cargo de la región, se convirtió en el candidato a diputado más votado en el distrito 17.
“Esperamos que el Ministerio Público siga investigando y que pronto formalice al imputado; esto favorecería la transparencia que necesitamos respecto de las acciones de quienes ejercen poder político”, recalcó la jurista, que ha llevado otros litigios de alto impacto como el juicio por el crimen lesbofóbico de Nicole Saavedra en 2016.
“Me parece que es muy relevante en este tipo de situaciones -puntualizó- que el Ministerio Público tome decisiones que más bien favorezcan la formación de un proceso penal, con todos los derechos fundamentales protegidos para ambas partes, en lugar de tomar decisiones de carácter político administrativas que más que generar justicia, generen la sensación de injusticia en la población”.