Después de cuatro años y de haber ganado en todas las instancias un juicio laboral, en el día de ayer, la demandante Irene Cortés Fuenzalida ex jefa DAEM de Curicó confirmó la entrega del cheque con el que se le pagaron todos sus emolumentos tras la demanda, cifra que ascendía a los 569 millones 675 mil 790 pesos.
La cifra comprende todos los ítems judiciales que fueron consignados en la demanda y que se le pagaron en su integridad, faltando aún una nueva cifra correspondiente a los intereses que no han sido cancelados.
En su reflexión, Irene Cortés se manifestó contenta por los resultados judiciales de su demanda laboral, pero a la vez lo lamentó por lo que va a ocurrir con la educación en Curicó ya que a su entender, se va a dañar el sistema.
“Lamentablemente esto significa un desmedro de financiamiento para todos los curicanos porque aquí no solamente se afecta a Educación, aunque el diga (el alcalde) que esto viene de otro lado porque eso es imposible.
No existe un proyecto en el ministerio que diga que es para pagar indemnizaciones a personas que han sido mal despedidas. Eso es lo más lamentable, la pérdida de estas platas que podrían haberse destinado a otras necesidades no solamente en las escuelas y en la educación, sino que en toda nuestra comuna”, comentó Irene Cortés, haciendo un llamado a las mujeres que sientan vulnerados sus derechos laborales a demandar porque al final “la justicia tarda, pero llega”.
Los recursos entregados en un cheque a la ex jefa del DAEM de Curicó, se debió a un acuerdo del concejo municipal por dar cumplimiento a un dictamen de la Corte Suprema que mandaba que se debía pagar la mencionada cifra sí o sí.
Por su parte el abogado José Luis Cisterna defensor de Irene Cortés comentó que se hizo un solo pago, “el cheque está girado y una vez que sea cobrado se da por cancelada la deuda”, terminando de esa forma con las medidas de presión por parte de la justicia hacia el alcalde de la comuna Javier Muñoz.
Cabe indicar que durante la conferencia de prensa, el abogado atribuyó responsabilidad a los abogados del municipio por el alto costo de la indemnización que se debió pagar “porque por una parte negociaban y por la otra hacían acciones dilatorias para el pago”.